LOS SEGUROS VINCULADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

La banca recibe una nueva demanda colectiva por prácticas abusivas, a consecuencia de la venta vinculada de seguros en las hipotecas. Aún estamos en una fase reciente, pues el juzgado receptor de dicha demanda ha admitido a trámite la demanda.

La demanda presentada solicita que se declare nula por abusiva la condición general de contratación en que figura en los contratos de préstamo hipotecario, además de la restitución del importe de la prima única, las cantidades cobradas demás en concepto de intereses y cualquier otro gasto que se haya generado.

La nulidad se funda en la abusividad de la misma por obligar la entidad bancaria a sus clientes a contratar un seguro de vida o amortización a prima única y con una entidad aseguradora vinculada a ellos, como requisito para otorgarles un préstamo hipotecario.

El juicio verbal por esta causa contra Banco Sabadell y Banco Popular se celebrará el próximo mes de octubre en el Juzgado Nº 3 de lo Mercantil de Gijón.

La venta del producto, en este caso el préstamo hipotecario, está condicionado a la aceptación de sus condiciones, sin posibilidad de negociación y bajo la sanción de no conceder la financiación solicitada.

Los préstamos hipotecarios comercializados por ambas entidades financieras aparecen cláusulas predispuestas y no negociadas en las que se obliga a la contratación de los seguros antes referidos con una fórmula de pago a prima única, que además se financia con el mismo préstamo y que se firma con aseguradoras vinculadas a ellas.

Entre toda la normativa vulnerada en la comercialización de los productos que son objeto de esta demanda, destaca el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que considera abusivas las cláusulas que imponen al consumidor de bienes y servicios adicionales a los que ha solicitado y que comportan un incremento del precio.

También la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, que establece que los mediadores no podrán imponer directa o indirectamente la celebración de un contrato de seguro.

Además no olvidemos que la Ley de Contrato de Seguro en su artículo 25 afirma: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.º, el contrato de seguro contra daños es nulo si en el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la indemnización del daño”.

Numerosos juzgados ya se han pronunciado sobre estos asuntos, como es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Negreira (A Coruña), que ha dictado una sentencia por la que estima sustancialmente la demanda presentada por los clientes. En su escrito se había solicitado la nulidad de la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo y además la nulidad o subsidiariamente la anulabilidad de otra de las cláusulas, la que contenía una orden de transferencia desde su cuenta.

Entrando ya en lo que aquí nos interesa, esto es, en la cláusula inserta en el préstamo que establecía una orden de pago a favor de la entidad, los clientes indicaron su falta de consentimiento, al no haber sido informados sobre dicho seguro.

Indica el tribunal, que es requisito básico de los contratos el consentimiento de las partes sobre su esencia. Esto es, que conozcan, y tengan plena conciencia sobre lo que prestan su aceptación, y de sus consecuencias.

Pues bien, aunque  le estuviera firmada por las partes, no consta que se hubiera explicado a los clientes las condiciones generales y especiales de la póliza, ni tampoco toda la información que requiere el artículo 107 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Tampoco se acreditan los términos de la contratación, ni las situaciones cubiertas incluso el empleado del banco desconocía a la entidad aseguradora.

En definitiva, no acreditándose el consentimiento en la suscripción del «seguro de amortización del crédito por fallecimiento» se declara su nulidad, y la obligación del banco de restituir el importe satisfecho por este concepto, con los intereses devengados desde la fecha del cobro.

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