PLUSVALÍA MUNICIPAL, CUANDO HAY QUE ABONARLA

 

Cuando un individuo o empresa efectúa la transmisión de una propiedad de un inmueble o de la constitución o transmisión de derechos reales sobre una vivienda se debe pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que normalmente se conoce como plusvalía.

La plusvalía se debe pagar en un plazo de 30 días posterior a la operación de venta de la vivienda.

Si el propietario es extranjero, quien debe pagar el impuesto es el adquiriente que reside en España, y en los casos de herencia o donación, el heredero o donatario. Frente a esta situación, el heredero dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la fecha de defunción, prorrogables a un año si se solicita por escrito dentro de los primeros seis meses.

 

¿Qué ocurre si el beneficio es menor que el valor del impuesto?

El impuesto de plusvalía municipal se debe pagar en cualquier circunstancia.

No es relevante si el beneficio que recibe el que vende la propiedad es menor que el impuesto que debe pagar. No obstante, si se acredita que el inmueble no ha aumentado su valor desde que se adquirió, la exigencia de este impuesto sería inconstitucional.

El Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo consideran que en estas situaciones no se ha realizado el hecho imponible del impuesto, por eso no puede exigirse:

 “En los casos en los que se ha producido un incremento en el valor del terreno, aunque sea insignificante, ya no se podrá alegar la ausencia de capacidad económica porque por más que sea pequeña, existe. Tampoco es posible alegar la inexistencia de hecho imponible, porque éste se comprende realizado tanto y en cuanto exista un incremento en el valor del terreno, independientemente de que sea mayor o menor”. 

En estas ocasiones es cuando suele producirse una situación un tanto injusta porque el impuesto a abonar supera el beneficio obtenido en la trasmisión, y en caso de no superarlo, prácticamente lo confisca ya que el margen de ganancia es mínimo. 

En concreto,  la cuestión a resolver era la siguiente: “Determinar si la interpretación conjunta de los artículos 104.1 y 107, apartados 1 y 4, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto legislativo  2/2004 de 5 de marzo, permite concluir que el importe de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puede no ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje anual que corresponda.”

Tras 13 páginas de sentencia, la única argumentación del Tribunal a la cuestión planteada es: “Lo pretendido por la parte actora es una alteración del procedimiento de cálculo que desconoce directamente el mandato legal del artículo 107.4 TRLHL; sin aportar una prueba idónea para desvirtuar la adecuación del método de cálculo de la base imponible que establece el art. 107.1 y 4 TRLHL al principio de capacidad económica.”

Aunque desconocemos el contenido del motivo de casación, la argumentación del Tribunal Supremo carece, en nuestra opinión, de una motivación suficiente que nos permite conocer la razón de su fallo, toda vez que la remisión que realiza al procedimiento de cálculo del artículo 107.4 TRLHL no tiene sentido ya que ese artículo sí contiene un método objetivo de cálculo del incremento, pero no contiene la fórmula matemática para su cálculo, de ahí precisamente la razón del recurso.

Los Ayuntamientos, que son quienes aplican el artículo 107.4 TRLHL, aplican una fórmula matemática al método objetivo previsto en la Ley que no respeta el tenor literal del artículo 107.4 y sobre todo no respeta la necesaria vinculación entre el hecho y la base imponibles, independientemente del método de cálculo.

Desde nuestro despacho venimos defendiendo que existe un error de cálculo de la base imponible de este tributo, lo que perjudica claramente a los contribuyentes.

 

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