SE PUEDEN SUSPENDER LAS EXPULSIONES DE EXTRANJERÍA

 

Con fecha 25 de julio de 2019 el TSJ Castilla-La Mancha planteó al TJUE (asunto C-568/19) una cuestión prejudicial, que fue resuelta en sentencia con fecha 8 de octubre del presente, cuya parte dispositiva dispone:

«La Directiva 2008/115/CE (…) debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes

 

Pues bien, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Madrid dictó sentencia desestimando el recurso de apelación deducido frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, que desestima el procedimiento abreviado interpuesto frente a la resolución de la Delegada del Gobierno en Madrid, en virtud de la cual se acuerda la expulsión de D. Oliveiro del territorio nacional, con prohibición de entrada por periodos de dos años, como responsable de la infracción basada en la estancia irregular.

Por lo que, en consecuencia a esta resolución por parte del Tribunal de Luxemburgo, tras el correspondiente escrito de preparación de un recurso de casación frente a la desestimación del recurso de apelación anterior, cumpliendo este todas las exigencias formales del artículo 89.2 LJCA, nuestro TS ha admitido a trámite este recurso de casación.

Todo ello, concretamente la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha llevado a plantear como cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea textualmente:

“Si, conforme la interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020 -asunto C- 568/19- a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en la conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero o sí, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular.” 

La cuestión litigiosa viene a significar que si nos hallamos ante un extranjero que se encuentra en situación irregular en nuestro territorio cuando no concurran circunstancias agravantes adicionales, la sanción que procede imponer de manera preferente es la multa de 501 a 10.000 € prevista para esta conducta tipificada como grave, o bien la expulsión del territorio español, teniendo en cuenta la resolución del 8 de octubre de 2020 del TJUE (la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes).

El planteamiento de una cuestión prejudicial de nuestra Gran Sala ante el Tribunal de Luxemburgo puede conllevar la suspensión de ciertos trámites relativos a extranjeros en situación irregular por considerar que precisamente se pretende evitar pronunciamientos que resulten contradictorios a la jurisprudencia que emane del TJUE derivada de esta cuestión prejudicial.

Así se está haciendo desde este despacho.

Resulta una buena noticia que estos extranjeros vean suspendidos sus procesos, puesto que su continuación podría suponer un pronunciamiento contradictorio al que resultaría de la prejudicialidad pendiente de resolución por el TJUE.

Máxime, cuando en estos procedimientos lamentablemente se da la circunstancia de expulsión.

Será esta Sala la encargada de determinar si resulta a imponer principalmente una u otra sanción, excluyentes entre sí, cuando además no concurre ninguna circunstancia que agrave la situación de irregularidad (como, por ejemplo, antecedentes penales).

Entendemos que el fallo de la Sala, a raíz de su jurisprudencia en torno a esta cuestión, será en el sentido de confirmar que tiene que prevalecer el principio de proporcionalidad a la hora de establecer una u otra, teniendo en cuenta la especial gravedad que supone la sanción de expulsión del territorio español (añadiendo como medida accesoria la prohibición de entrada no solo en España, sino también en todo el espacio Schengen, que supone la mayoría de los países que forman parte del continente europeo) frente a la sanción de multa administrativa de entre 501 a 10.000€.

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