PRESCRIPCIÓN DEL PLAZO PARA RECLAMAR LOS GASTOS HIPOTECARIOS

 

Para este despacho nunca ha existido tal prescripción como diremos a continuación, sin embargo, la jurisprudencia actual no opina lo mismo.

De conformidad con la Ley de Condiciones Generales para la Contratación, en su artículo 8 que se remite al actual Texto refundido de la Ley General  para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias,  RDL 1/2007 de 16 de julio, junto con el artículo 1303 CC, y todo ello en relación con la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal y del propio tribunal de la unión Europea: “quod nullum est nullum effectum producit”, procede reclamar la devolución entre las partes de las prestaciones surgidas de la aplicación de la cláusula nula y por tanto la restitución al consumidor, por parte de la entidad, de aquellas cantidades cobradas indebidamente en virtud de la cláusula declarada nula, esto es, consecuencias económicas restitutorias inherentes a la nulidad.

No obstante, aunque este despacho no está de acuerdo con las valoraciones que está realizando la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante, analizaremos lo que entiende el tribunal.

Se basa principalmente, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 20/01/2020.

En conclusión,

1º.- Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley (esta reforma la produjo la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que en su disposición final primera, modificó el artículo 1964 del Código Civil, reduciendo el plazo general de prescripción para el ejercicio de acciones personales que existía desde 1889, y redujo notablemente el plazo general de prescripción extintiva de deudas.)

 

2º.- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el PLAZO DE 15 AÑOS previsto en la redacción original del art. 1964 Código Civil.

 

3º.- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 Código Civil, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

 

4º.- Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo PLAZO DE 5 AÑOS, conforme a la vigente redacción del art. 1964 Código Civil.»

 

Lo que ocurre es que la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID-19 se suspendieron los plazos de prescripción y caducidad hasta que fueron alzados el 4 de junio de 2020. Esto ha provocado que el PLAZO DE PRESCRIPCIÓN que finalizaba el 7 de octubre de 2020 se amplía hasta el 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

 

Recomendamos que se inicie reclamaciones extrajudiciales para interrumpir el plazo de prescripción.

 

La verdad es que no se entiende como nuestra Audiencia quien desde inicio destacaba por ser pionera en sus interpretaciones favorables a los consumidores, en la actualidad los abogados de bancario debemos de ir con “mil ojos” porque cambia de criterio en detrimento del consumidor.

 

Pero si no es suficiente tejemaneje con el tema de la prescripción, recientemente el Ministerio de Consumo, se pronuncia sobre la prescripción.

 

Según el Ministerio de Consumo, que dio a conocer una nota informativa a través de redes sociales el pasado 5 de diciembre, el plazo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios derivados de una cláusula declarada abusiva es de 5 años.

 

Pero según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este periodo no podría iniciar hasta que el consumidor afectado pudiese tener conocimiento del carácter abusivo de dicha cláusula.

 

Pues bien, este organismo entiende que se pudo tener conocimiento del posible carácter abusivo de la cláusula gastos desde el momento en que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 23 de diciembre de 2015, pero publicada el 21 de enero de 2016. Por lo tanto, el periodo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios finaliza el 21 de enero de 2021.

 

Sin embargo, ante la ausencia de un pronunciamiento por parte de esa misma Sala, ha tenido lugar unas muy diferentes interpretaciones sobre este plazo de prescripción, creando disparidad de opiniones tanto en Juzgados como en Audiencias de todo nuestro territorio.

 

 

En la práctica, nos encontramos seis posturas diferentes e incompatibles entre sí sobre el plazo para el ejercicio de las acciones tendentes a la recuperación de los gastos hipotecarios.

 

  1. Imprescriptible: por ser la consecuencia inherente a la acción de nulidad, no se encuentra sometida a plazo alguno. Por lo tanto, no prescribiría nunca.

 

  1. 5 años desde la declaración de nulidad de la clausula de gastos de nuestra hipoteca: pero la practica jurídica habitual nos muestra que suelen ser solicitadas de manera conjunta

 

  1. 5 años desde la STS de 23 de enero de 2019: se entiende que el cliente ya tiene conocimiento de los gastos que legalmente le correspondían. Este plazo terminaría el 23 de enero de 2024 (sin tener en cuenta los plazos interrumpidos por el estado de alarma).

 

  1. 4 años desde la firma de la hipoteca: una minoría considera aplicable el plazo de anulabilidad (art. 1.301 CC).

 

  1. 15 años desde la suscripción del préstamo o 5 años tras la modificación operada por la Ley 42/2015, que acorta el plazo de las acciones personales.

 

  1. 5 años desde la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015.

 

 

También se pronuncia, al respecto el presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, Eugenio Ribón, afirma que “no puede finalmente ignorarse que no es hasta la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 cuando se corrige la doctrina del Tribunal Supremo sobre los efectos de la nulidad”.

 

Introduciendo así una séptima postura, se trata de que el plazo de 5 años expiraría entonces el 26 de octubre de 2025, contado a partir de la STS de 26 de octubre de 2020, en la que modifica su criterio anterior.

 

 

Podemos cerrar este año con la reflexión, ha sido un año con numerosos cambios legislativos motivados por la pandemia, pero nada ha ayudado las interpretaciones de nuestros tribunales más representativos, quienes entre todos crean una vez más inseguridad jurídica a los consumidores. Este año precisamente no era un año para crear nuevas interpretaciones al respecto, ya tenían bastante los ciudadanos con la situación actual pandémica.

 

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