NOVEDADES DE LA NUEVA LECRIM

Ya entrando en año nuevo, es tiempo de analizar las nuevas reformas que se avecinan.

 

Una de ellas es sobre nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

El pasado 24 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la actual es de 1882 y ha sufrido 77 reformas. Este anteproyecto se inspira en los anteriores de 2011 y 2013 que no llegaron a buen puerto y que supone una transformación radical de nuestro proceso penal.

 

Resulta bastante curioso la vacatio legis prevista para esta norma, es decir, periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor, se prevé que sea de 6 años.

 

Las novedades más destacables son:

 

  1. Instrucción en manos del Ministerio Fiscal

 

Probablemente uno de los cambios más esenciales que propone este anteproyecto supone que la fase de instrucción en los procesos penales sea asignada al Ministerio Fiscal, a diferencia de como se ha venido haciendo hasta la actualidad, que la misma queda atribuida a los Juzgados de Instrucción.

 

  1. Un “juez de garantías”

 

Fase investigadora: los Jueces de Instrucción pasan a ser “Jueces de Garantías”, cuyo papel se encomienda a la tutela de los derechos de los investigados.

 

Fase intermedia: en esta intervendrán los “Jueces de la Audiencia Preliminar”, tendrán la función de decidir la apertura o no del juicio oral y qué pruebas son válidas y, por el contrario, las que constituyen “prueba ilícita”.

 

 

  1. Función de la Policía Judicial

 

Consecuencia necesaria de la primera novedad, deviene obligado que la Policía Judicial actúe bajo la dirección de Fiscalía, que dictará instrucciones y órdenes particulares y generales antes de que inicie formalmente la investigación. Estas diligencias preliminares solo están justificadas cuando no existe persona identificada como posible responsable.

 

  1. El estatuto del “encausado”

 

En primer lugar, se sustituyen todos los conceptos posibles que identifican a aquella persona sujeta a un proceso penal, sea cual sea sus fases. Tras haber quedado modificado ya en 2015 de “imputado” a “investigado”, ahora se plantea este único término de “encausado”.

 

En segundo lugar, se recogen una serie de derechos al sujeto encausado que fomentan su participación en el proceso para un mejor ejercicio del derecho de defensa.

 

En tercer lugar, queda prohibida la doble condición procesal, es decir, la persona encausada en un procedimiento no puede tener intervención activa en el mismo como parte acusadora.

 

En cuarto lugar, se regula por primera vez una configuración del estatuto jurídico de la persona encausada con discapacidad.

 

En quinto y último lugar, se dedica todo un capítulo a la persona jurídica encausada.

 

  1. Víctima como acusación particular

 

Simplemente es necesario ostentar la condición de persona ofendida o directamente perjudicada para que se admita la personación como acusación particular en la investigación y posteriormente.

 

  1. Sobre la acción popular

 

Ante la preocupación que se presenta por el especial riesgo de instrumentalización del proceso, no podrán ejercer la acusación popular las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos.

 

  1. La denuncia

 

Tres son las medidas concretas:

  1. Se elimina la exención del deber de denunciar en caso de vínculo familiar o afectivo para supuestos delitos cometidos contra bienes personales de menores de edad
  2. Se podrá interponer denuncia también telemáticamente
  3. Se incluye la posibilidad de que pueda ser presentada por el responsable del canal de denuncias (sin que sea necesario identificar a la persona que dio la alarma interna)

 

  1. Nueva medida cautelar

 

Se crea una nueva forma de detención preventiva más leve y alternativa a la clásica detención preventiva, denominada “privación cautelar de libertad”. La misma tiene una duración máxima de 24 horas y como finalidad facilitar la comparecencia del arrestado en aquellas actuaciones procesales que requieran su presencia.

 

  1. La primera comparecencia

 

Esta primera comparecencia se produce en el momento inicial del control de la dilación indebida del procedimiento de investigación. En ella, a la persona encausada se le comunican los cargos.

 

 

  1. En cuanto a procedimientos urgentes

 

Se produce una nueva división de estos:

  • Enjuiciamientos rápidos: será también el «juez de la Audiencia Preliminar» quien señale el juicio en un plazo de 15 días tras comprobar que el fiscal ha hecho una instrucción completa
  • Juicios inmediatos: dirigido a delitos que presentan “baja penalidad” (como, delitos contra la seguridad vial o hurto), los mismos serán señalados en un plazo máximo de 72 horas por el Tribunal de Instancia, en ejercicio de sus funciones de guardia

 

  1. Indemnización de prisión provisional tras sentencia absolutoria

 

Se crea un cauce específico para solicitar esta indemnización, que tiene que ser reclamada expresamente y que puede solicitarse ante los órganos de la jurisdicción penal, una vez haya adquirido firmeza el pronunciamiento absolutorio.

 

 

  1. Renovación de las herramientas de investigación

Se modernizan las herramientas y técnicas de investigación contra la criminalidad, adaptándonos así a los nuevos recursos.

 

  1. Una nueva comisión

 

Se produce la creación de una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional, la cual se encargará de velar que los órganos jurisdiccionales y las fiscalías cuenten con los medios oportunos para la utilización de las medidas cautelares menos gravosas respecto de la prisión provisional.

 

  1. Cargos públicos

 

Se prevé el cese automático del ejercicio del cargo público que representen aquellos investigados por delitos de rebelión y terrorismo.

 

Sobre esta reforma hay disparidad de opiniones ¿estamos preparados para esta reforma? No es una reforma cualquiera, sino sustancial, supone cambiar las “entrañas” del proceso penal.

 

Se supone que esta reforma, tiene la finalidad de agilizar el proceso y potenciar el derecho de defensa, potenciando la figura de los fiscales, todo ello en armonización con el Derecho de Unión Europea.

 

Esperaremos a ver qué pasa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *