El pasado 3 de septiembre entró en vigor la nueva Ley de 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Dicha Ley ha introducido importantes modificaciones que han llevado a modificar algunas otras leyes como pueden ser el código civil, la ley de enjuiciamiento civil y la ley de jurisdicción voluntaria entre otros.

Para comenzar, han desaparecido los términos de incapaz e incapacitado, así como el de discapacitado para pasar a llamarlos “personas con discapacidad”.

Además, se han suprimido los procedimientos judiciales de incapacitación que se iniciaban mediante demanda, para ser modificados por otro tipo de procedimientos para establecer medidas de apoyo para la persona que necesita de asistencia especial.

Como bien hemos dicho, desaparecen los procedimientos judiciales de incapacitación, de modo que desaparece la tutela, la patria potestad prorrogada, así como la prodigalidad. En este punto conviene hacer un matiz en cuanto a la tutela, y es que como bien viene regulado en el artículo 199 de la modificación introducida en el código civil, la tutela se mantiene para menores no emancipados, tanto para aquellos no sujetos a la patria potestad como para aquellos que se encuentran en situación de desamparo.

En cuanto a la curatela, la nueva regulación la mantiene salvo en el territorio de Cataluña, donde introducen la figura del “asistente”, regulada por el Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad.

Se trata de una figura que realiza las mismas funciones que la curatela, apoyar y asistir a la persona asistida en todo lo que no pueda hacer por sí misma. Puede tratarse tanto de funciones como en el ámbito personal como patrimonial, y la sentencia deberá recoger expresamente dichas funciones. La curatela funciona prácticamente del mismo modo.

Por otro lado, nos encontramos la figura del Defensor Judicial del Menor, una figura creada para la asistencia del menor para casos regulados expresamente en el artículo 235 del Código civil:

“Se nombrará un defensor judicial del menor en los casos siguientes:

1.º Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores y sus representantes legales, salvo en los casos en que la ley prevea otra forma de salvarlo.

2.º Cuando, por cualquier causa, el tutor no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona.

3.º Cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad previsto en los artículos 247 y 248 y a quienes corresponda prestarlo no puedan hacerlo o exista con ellos conflicto de intereses”.

Cuestión no menos importante que establece la nueva regulación son las llamadas “Medidas voluntarias de apoyo”, reguladas en el artículo 254 y siguientes del Código civil. Se trata de una serie de medidas que se desarrollan para entrar en juego cuando se prevea o pueda prever que un menor, en los dos años anteriores a adquirir la mayoría de edad de edad y deje de estar sujeto a tutela o patria potestad, pueda o vaya a necesitar de medidas de apoyo. Dichas medidas podrán ser adoptadas a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal.

Como hemos mencionado anteriormente con la nueva regulación el procedimiento cambia a un proceso de jurisdicción voluntaria regulado en el artículo 42 bis b de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

El procedimiento comienza con un escrito inicial dirigido al Juzgado solicitando las medidas de apoyo, aportando para ello los documentos necesarios.

La segunda parte del procedimiento es una comparecencia una vez ha sido admitida a trámite la solicitud de medidas de apoyo, en la que se informa a la persona solicitante sobre medidas de apoyo distintas a las judiciales.

La oposición de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo, la oposición del Ministerio Fiscal o la oposición de cualquiera de los interesados en la adopción de las medidas de apoyo solicitadas pondrá fin al expediente, sin perjuicio de que la autoridad judicial pueda adoptar provisionalmente las medidas de apoyo de aquella o de su patrimonio que considere convenientes.

Es importante mencionar que las medidas adoptadas en el auto que ponga fin al expediente, podrán ser objeto de revisión periódica en la forma y plazos que disponga el auto que las hubiera acordado.

Dichas medidas podrán mantenerse por un plazo máximo de treinta días, siempre que con anterioridad no se haya presentado la correspondiente demanda de adopción de medidas de apoyo en juicio contencioso.

En caso de que el procedimiento termine con oposición, se abre el procedimiento especial de la jurisdicción ordinaria de los artículos 756 y siguientes, sobre adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad.

En todo caso, será competente para conocer de dicho procedimiento el mismo juzgado que ha conocido del expediente de Jurisdicción voluntaria.

 

«La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir.»  Neil Marcus

 

 

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