Se ha producido un interesante cambio jurisprudencial bastante reciente de la doctrina del Tribunal Supremo relativo al delito de robo con violencia o intimidación del artículo 242 del Código Penal.

El mencionado artículo establece en su apartado 1:

“El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase”.

Pues bien, el cambio jurisprudencial del que hablamos está relacionado con el robo con violencia o intimación en casa habitada, es decir, el apartado 2 del mencionado artículo que dice así:

“Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años”.

Llegados a este punto habría que considerar qué se entiende por casa habitada.

Es en este punto donde entra en juego la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Así, en una reciente sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que el portal de un bloque de viviendas se valorará como una dependencia de casa habitada en delitos de robo con violencia o intimidación.

Se trataba de una serie de delitos de robo que cometía un delincuente en los portales de las víctimas amenazando con una navaja. En este caso la Audiencia Provincial no consideró incluir los hechos delictivos en el apartado 2 del mencionado artículo, a lo que el fiscal interpuso el correspondiente recurso.

Finalmente, el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016 declaró que los portales de los bloques de pisos, además de constituir unidad jurídica inmobiliaria con la casa, también infunde a la persona mayor seguridad y protección, siendo por ello que se aplica un criterio extensivo del concepto de casa habitada y justificando así su plus punición.

La Sala entiende que es distinta la protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio y otra la protección en el ámbito jurídico penal. El portal del inmueble, además de ser elemento común, debe entenderse a efectos penales como dependencias de la casa común. Tal como decíamos, que el delito se cometa el portal del inmueble, un lugar donde la sensación de seguridad y protección es mayor para el individuo, hace que la acción sea más disvaliosa. Es por la lesión de las expectativas de seguridad y protección por las que se debe considerar más grave el delito y conllevar por tanto una pena mayor.

Por todo ello el Tribunal Supremo estimó el recurso presentado por el Ministerio Fiscal, conllevando por tanto la correspondiente elevación de las penas, y condenando al acusado como autor de un delito de robo con intimidación del artículo 242.2º y 4º CP, a la pena de dos años, un mes y quince días de prisión y como autor de dos delitos de robo con intimidación del artículo 242.2º y 4º CP, en grado de tentativa, a la pena, por cada uno, de diez meses de prisión.

Por último, diremos que un tema relacionado es la ocupación de inmuebles, la cual se tipifica como delito leve de usurpación. Sobre este tema tenemos gratas novedades, pues la Comisión Provincial de Madrid de la Policía Judicial acuerda promover la celebración de juicio de este tipo de asuntos por los trámites del art. 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre y cuando se identifique a los presuntamente ocupantes de la vivienda.

Esto va a permitir reducir los tiempos de este tipo de procedimientos, una respuesta que necesitaba anisadamente la sociedad.

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