En esta ocasión vamos a hablar sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Conviene recordar primero de todo que se trata de un proyecto de ley, aún no se encuentra en vigor, pero sí sabemos los cambios más importantes que pretende realizar.

En primer lugar, se elimina la necesidad del consentimiento previo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de los tutores legales para las mujeres de entre 16 y 18 años, así como para las mujeres con discapacidad.

En segundo lugar, se eliminará el periodo de tres días de reflexión que se daba a la mujer de forma obligatoria para realizar la interrupción del embarazo, así como la información que se ofrece será de carácter optativo.

En tercer lugar, en los centros públicos se garantizará que haya personal disponible en todo caso para practicar abortos, creando para ello un registro de objetores de conciencia en el que constará el personal que no está dispuesto a realizar este tipo de intervenciones. Para poder objetar deberá ser con carácter previo y por escrito. Puede parecer algo invasivo, pero se realiza con el objeto y fin de que haya siempre personal dispuesto y disponible para llevar a cabo este tipo de prácticas.

Además, se asegurará que en los hospitales se cuente con métodos adecuados para practicar las interrupciones, tanto quirúrgicos como farmacológicos. En todo caso las interrupciones de los embarazos se tratarán como un procedimiento de urgencia, y las mujeres que se encuentren en una comunidad autónoma podrán acudir al hospital de la comunidad autónoma fronteriza en caso de que sea más fácil acudir a ese hospital por motivos de proximidad.

En cuarto lugar, se introducirá una nueva incapacidad temporal para las mujeres en caso de interrupción del embarazo para que puedan recuperarse con tranquilidad, ya sea una interrupción voluntaria o no.

Dicho lo anterior, también se añadirá una incapacidad temporal con anterioridad al parto (preparto), a la cual se podrá acceder a partir de la semana 39 del embarazo, la cual no consumirá parte del permiso de maternidad concedido posteriormente.

La nueva reforma introduce una línea telefónica que prestará información relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y al itinerario sobre la prestación de dichos servicios, y se crearán servicios de asistencia especializada en la salud sexual y reproductiva, contando con servicios adaptados a los jóvenes.

En quinto lugar, la reforma introducirá el fomento e impulso de los métodos anticonceptivos aumentando la financiación pública en este aspecto. Algo bastante novedoso es que se impulsará el fomento de la anticoncepción masculina, algo prácticamente desconocido para algunos. Cabe mencionar en este aspecto que la píldora del día después pasará a ser gratuita mediante su distribución en centros de salud y servicios de salud sexual y reproductiva.

En este mismo sentido, en los centros de educación secundaria se repartirán anticonceptivos de barrera de forma gratuita, así como en los centros penitenciarios y en centros de servicios sociales, todo con tal de sensibilizar y prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, y se repartirá gratuitamente productos menstruales para personas con menos recursos, y repartirlos en centros educativos, centros sociales y penitenciarios.

En sexto lugar, se refuerza la formación de los profesionales en materia de interrupción voluntaria del embarazo introduciendo para ello incluyendo contenido sobre ello en carreras como ciencias jurídicas, ciencias de la salud o ciencias sociales, así como en algunas oposiciones.

Con la nueva reforma se incluyen además las incapacitaciones por menstruaciones incapacitantes secundarias. Este dato es uno de los que mayor bombo ha tenido a través de los medios de comunicación, ofreciéndolo al publico como una baja por tener la regla. Se trata de casos de enfermedades como endometriosis o los ovarios poliquísticos, enfermedades que padecen muchas mujeres y que además complican y dificultan que la mujer pueda trabajar con normalidad.

Se trata de una incapacidad que permite que la mujer se quede unas horas en casa y se requerirá un informe médico previo para ello. Además, el Instituto Nacional de Seguridad Social se hará cargo de la prestación por incapacidad temporal desde el primer día, sin necesidad de un periodo mínimo de cotización. Dicha incapacidad variará en el número de días, teniendo en cuenta los días que necesite cada mujer y siempre teniendo en cuenta su cuadro médico.

En séptimo lugar, se obligará al personal sanitario a actuar conforme a las reglas del parto respetado, lo que incluye la obtención del consentimiento informado de las mujeres en caso de intervenciones como episiotomías y tratamientos sin analgesia, así como la separación innecesaria de los bebes recién nacidos con sus madres. Además, la ley obligará a elaborar protocolos de actuación que sirvan a las comunidades autónomas para poner en los centros hospitalarios el derecho al consentimiento informado de la mujer en todos los procedimientos gineco-obstétricos.

Por último, en cuanto a la gestación por sustitución, aquella gestación convenida mediante un contrato, con o sin precio, en el que una mujer renuncia a la filiación materna del futuro hijo, a favor del contratante o de un tercero, es considerada una forma de violencia contra las mujeres, creando campañas que refuercen la ilegalidad de este tipo de prácticas. Reforzando puesto que ya son ilegales.

El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar.

La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual.

Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

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