SOBRE EL BROTE DE HEPATITIS A.

Este despacho ha llevado uno de los nombrados casos Tagliatella. En concreto, sobre uno de los locales, sito en Finestrat (Alicante), de la franquicia de restaurantes La Tagliatella.

Más de una treintena de afectados por Hepatitis A.

Muchos de ellos hospitalizados y con la consecuente incapacidad temporal.

Para situarnos en el contexto de los hechos, sobre la Hepatitis A, manifestar que se contagia por comer o beber alimentos o agua que han sido contaminados por heces que contengan el virus de la Hepatitis A.

Las frutas sin pelar, las verduras y los mariscos crudos, el hielo y el agua son fuentes comunes del virus de la enfermedad.

Seguridad Alimentaria de Benidorm intervino en ese momento abriendo un expediente administrativo, cerrando el local y marcando pautas a la empresa hasta que permitió la apertura de nuevo. Muchos de los afectados, se personaron como interesados en dicho expediente.

Los casos surgieron en octubre de 2018 y tras una analítica de los afectados se demostró que todos tenían la misma cepa del virus, además que todos ellos comieron en dicho restaurante.

El período de incubación máximo era de 50 días, aunque normalmente a los 28 días ya sentían síntomas.

Los síntomas más comunes eran: dolor o distensión en la zona abdominal, orina turbia y deposiciones de color arcilla o pálidas, fatiga,fiebre baja, coloración amarillenta de la piel o los ojos, falta de apetito, náuseas y vómitos.

Tras toda la labor de investigación, recopilación de pruebas e incluso personación en el expediente de Seguridad Alimentaria, decidimos reclamar extrajudicialmente.

Después de dicha actuación extrajudicial, como la misma fue rehusada, nos vimos obligados a interponer demanda de reclamación de cantidad, solicitando al cliente la indemnización correspondiente, que gracias a nuestro perito médico pudimos cuantificar.

La vista por el Estado de Alarma, lamentablemente se suspendió, pero hace una semana escasa cuando de nuevo se señaló fecha de juicio, a puertas de entrar a sala, la demandada quiso llegar a un acuerdo.

Llegamos a un acuerdo muy satisfactorio para el cliente.

Uno de los pocos que ha recibido indemnización, pues en la mayoría de supuestos la demandada ha decidido continuar hasta el final e incluso llegar hasta la audiencia provincial para dilatar el proceso.

Como siempre decimos, mejor un acuerdo que un buen pleito.

Siempre hay que velar por los intereses del cliente.

Al final todo pasa por algo, pues del mencionado restaurante hace escasos días se informaba en prensa, que sufría grandes pérdidas avecinándose un posible cierre. Esto puede provocar una insolvencia que perjudicaría al cliente sino se hubiera llegado a un acuerdo.

ESTAS VACACIONES SON DIFERENTES

 

Nos ha tocado vivir una época diferente, quien nos iba a decir que viviríamos una pandemia.

Ahora muchos cogeremos vacaciones, por ello tenemos que ser conscientes de las consecuencias que nos ha dejado el virus y que cuestiones debemos tener en cuenta para disfrutar las vacaciones como se merecen.

La mayoría de las personas han optado por disfrutar las vacaciones en el territorio nacional, otros se han lanzado a viajar fuera.

Ya no estamos en estado de alarma, pero debido a los rebrotes, se está implementando el confinamiento selectivo.

Ante todo, sigamos las instrucciones de Sanidad sobre higiene y distancia social, pero también disfrutemos con conciencia y responsabilidad, vienen tiempos duros y es totalmente entendible que nos demos un respiro.

Como consejo, si optamos por realizar reservas en estos tiempos, como el cambio de circunstancias puede ser muy breve y nos podemos ver abocados a confinamientos selectivos, recomendamos que no se realicen reservas con penalizaciones y, a ser posible, se abonen los servicios cuando se vayan a disfrutar pues desconocemos que va ocurrir en las próximas semanas.

Si lamentablemente nos vemos abocados a una reserva fallida motivada por la pandemia, y no restituyen el importe, recordemos que nos puede ayudar la cláusula “rebus sic stantibus.”

Advertimos desde este despacho que, en la mayoría de los seguros ofrecidos en los viajes, se excluye la cobertura por el COVID, por lo que a pesar de su contratación no estarían cubiertos este tipo de viajes.

Igualmente, es importante informar a los consumidores que tendrán derecho a la devolución del importe íntegro de los servicios contratados que no hayan podido disfrutar, ello en virtud del artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020:

«si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento».

 

Si optamos por utilizar el medio de transporte aéreo, éste es el que más riesgo de cancelación tiene pues es el que recorre más distancia. Parece que está todo controlado, ya que la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias manifiesta que ante la cancelación de vuelos con motivo de la expansión del coronavirus Covid-19 las compañías aéreas tienen la obligación de ofrecer un transporte alternativo o la devolución del importe de los billetes.

En caso de optar por el reembolso, el mismo se deberá realizar en el plazo de 7 días.

 

No obstante, si el consumidor se halla inmerso en restricciones de movilidad por confinamientos y éstas se producen durante su estancia de vacaciones, el consumidor tiene dos posibilidades, por un lado, los que no puedan volver a su domicilio, tienen derecho a recuperar el dinero de los alojamientos etc., de los días que no hayan podido disfrutar por resultar imposible el cumplimiento del contrato a causa de las medidas aprobadas para combatir la pandemia; y por otro lado, los que lamentablemente no puedan volver a su domicilio, la Administración deberá hacerse cargo de su manutención y hospedaje mientras se vean impedidos poder retornar a sus domicilios.

 

SILENCIO POSITIVO PARA LOS ERTE POR EL COVID-19 PRESENTADOS POR LA AUTORIDAD LABORAL, SEGÚN LA AUDIENCIA NACIONAL.

 

 

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional avala la aplicación de la regla del silencio positivo a los ERTE por Covid-19 solicitados a la autoridad laboral.

El fallo de la Audiencia Nacional da la razón a una empresa de la actividad de centros de educación infantil. Esta solicitó a la autoridad laboral la tramitación de ERTE por causa de fuerza mayor como consecuencia del Covid-19, a lo que se opuso Comisiones Obreras ya que la suspensión no operaba de forma automática, sino que debía someterse a la consideración del órgano de contratación de la Administración. Además, alegó que en el caso concreto no se había justificado la causa de fuerza mayor.

La Audiencia Nacional aclara que no se está impugnando propiamente la resolución administrativa que declaró constatada la existencia de fuerza mayor alegada por la empresa, ni tampoco la precedente aprobación del ERTE por fuerza mayor por silencio administrativo, sino la decisión empresarial de suspensión temporal de los contratos. Por ello, explica, resulta adecuado el procedimiento de conflicto colectivo.

La sentencia aborda la queja que formula el sindicato. Este sostiene que la resolución presunta, estimatoria de la solicitud de la empresa, deviene injustificada al no haberse constatado en la vía administrativa la concurrencia de causa de fuerza mayor.

Según la Audiencia Nacional, ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral. Esta laguna obliga a acudir al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que como regla general, tiene carácter positivo.

Los magistrados de la Audiencia Nacional concluyen que, en este caso debe entenderse aprobada la solicitud de la empresa por silencio administrativo positivo. La Audiencia Nacional recuerda, no obstante, que posteriormente recayó resolución expresa autorizando el ERTE por fuerza mayor cuestionada.

Si existen pérdidas de actividad como consecuencia del Covid-19, existe causa justificativa de la suspensión de los contratos de trabajo, y fuerza mayor surte efectos a partir del momento en que se haya producido el hecho causante, en el caso en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y durante el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente en estado de alarma declarado por el Gobierno y sus sucesivas prórrogas.

Además, la Audiencia aporta un argumento más, y es que los ayuntamientos, en los que la empresa prestaba sus servicios, acordaron expresamente la suspensión del servicio de escuela infantil municipal.

Cuando la autoridad laboral constata la existencia de fuerza mayor alegada por la empresa, por estar ante uno de supuestos de hecho previstos en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,   pérdidas económicas en la actividad, como consecuencia del Covid-19,  concurre causa justificativa de la suspensión de relaciones laborales y no impugnada la resolución administrativa que acuerda el ERTE, concluye el tribunal. En consecuencia, no resulta procedente estimar la demanda en la que el sindicato pretende que se declara nula la decisión empresarial de suspensión de los contratos de trabajo.

NUEVOS CRITERIOS POR LOS JUZGADOS SOBRE TEMAS DE FAMILIA EN TIEMPOS DEL COVID-19

La Junta sectorial de Jueces de familia y de violencia sobre la mujer del partido judicial de Alicante se reunió el pasado 4 de mayo, modificando el pasado acuerdo de fecha de 23 de marzo de 2020 y aprobando un acta con los siguientes acuerdos:

Se reanuda el régimen de visitas de menores y discapaces, al pasar a la fase 1 en esta Provincia, según la hoja de rutas fijada por el Gobierno en el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad de fecha 28 de abril de 2020.

Modificación considerable, ya que el anterior acuerdo de 23 de marzo de 2020, entendía suspendidas las visitas.

La junta, recuerda que los desplazamientos de la población infantil permitidos por la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, se trata de un paseo diario que pueden realizar hasta tres niños con un adulto responsable, pero dicho adulto responsable tiene que ser una persona mayor de edad que conviva en el mismo domicilio con el niño actualmente, o un empleado de hogar a cargo del menor, lo que determina la exclusión del progenitor o progenitora no custodio.

 

Se pretende realizar un restablecimiento del régimen de visitas en el siguiente sentido:

 

– Visitas intersemanales: no se recuperan ya que como se trata de estancias cortas del menor con el progenitor no custodio para garantizar el contacto frecuente entre ambos y la implicación de dicho progenitor en las actividades escolares y extraescolares del menor. Dichas finalidades no se pueden cumplir, solo las cumplirán las nuevas visitas, por lo que no procede duplicarlas.

 

– Fines de semana alternos: se recuperan en parte pues tiene la finalidad de tratar de garantizar el mantenimiento de la relación paterno filial con el progenitor no custodio. La falta de tiempo compartido del menor con el progenitor con el que no convive debe ser recuperada, pero teniendo en cuenta que las condiciones en las que el progenitor custodio ha compartido el tiempo con su hijo durante todos los fines de semana del confinamiento no han sido las condiciones ordinarias de disfrute de un fin de semana, luego, aunque sí ha compartido tiempo, no ha podido realizar gran parte de las actividades propias del fin de semana.

 

 

Por lo que, desde el inicio del estado de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la finalización de la última prórroga acordada (11 de mayo de 2020), con inclusión del período vacacional de Semana Santa (del 8 al 19 de abril de 2020), hay nueve fines de semana, por lo tanto, los progenitores no custodios no habrán disfrutado de cuatro o cinco fines de semana que les correspondían (según la alternancia de cada grupo familiar).

 

Restablecido el cumplimiento de los regímenes de visitas, los progenitores no custodios disfrutarán de tres o cuatro fines de semana adicionales a los alternos que le correspondan conforme al turno ordinario de fines de semana alternos.

normal, dicho período no debe diferenciarse de los períodos lectivos, por lo que, a efectos de restablecer el equilibrio, este período se computaría como si se tratase de período lectivo y ello a los efectos previstos en el apartado anterior.

 

 

La declaración del estado de alarma no suspendió los regímenes de guarda y custodia compartida de menores y discapaces con la patria prorrogada o rehabilitada, al permitirse por el art.7.1.d) del R.D. 463/2020 la circulación por las vías de uso público, para el retorno al lugar de residencia habitual.

 

Respecto al procedimiento especial y sumario para cuestiones de familia derivados de la pandemia relativas a ajustes en las pensiones para los progenitores en situación de vulnerabilidad por el COVID, introducido por el Real Decreto- Ley de 28 de abril de 2020, esta Junta acuerda:

 

El demandante debe acreditar la situación económica del progenitor que solicita la revisión al momento de la fijación del importe de pensión vigente, así como su situación actual.

Si dicha comparación determina la existencia de una variación sustancial de circunstancias, se procederá a la modificación del importe de la pensión

 

No obstante, se considera como mínimo vital, a efectos de modificación de la pensión: 180 euros mensuales, en el caso de un hijo; 150 euros mensuales por hijo, en el caso de dos hijos; y 120 euros mensuales por hijo, en el caso de 3 hijos.

 

En el supuesto de que la situación del progenitor que ha solicitado la revisión, pasado un tiempo, vuelva a ser la anterior, en el posterior procedimiento de modificación de medidas, se podrá aplicar con carácter retroactivo la pensión vigente antes de la modificación.

CUSTODIAS Y RÉGIMEN DE VISITAS DE MENORES POR EL COVID-19 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

La declaración del estado de alarma provoca inseguridad a los progenitores divorciados o separados de hecho con hijos menores comunes, acerca de si afecta o no para el cumplimiento de régimen de visitas o los supuestos de custodia compartida.

No olvidemos, los efectos de la restricción de la libertad de circulación en este estado de alarma.

Pues bien, las juntas de jueces se están pronunciando al respecto.

Esto es, la junta de jueces de Alicante en el pasado 23 de marzo enunció que la declaración del estado de alarma deja en suspenso la aplicación de numerosas leyes y, como consecuencia, también debe considerarse que dicha suspensión afecta a resoluciones judiciales, en cuanto contradigan la finalidad del estado de alarma decretado.

Por lo que, la declaración del estado de alarma suspende los regímenes de visitas de menores y discapaces, al no permitirse su circulación por las vías de uso público, de conformidad con el art.7.1 del R.D. 463/2020. Igualmente, La declaración del estado de alarma suspende los regímenes de visitas de menores con abuelos u otros parientes y allegados, al no permitirse su circulación por las vías de uso público, de conformidad con el art.7.1 del R.D. 463/2020.

En los casos especiales, en los que los regímenes de visitas se desarrollen con intervención de los Puntos de Encuentro Familiar, éstos se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo, por la suspensión de la actividad de los P.E.F. acordada por la autoridad competente.

Finalmente, se manifiesta que La declaración del estado de alarma no suspende los regímenes de guarda y custodia compartida de menores y discapaces con la patria prorrogada o rehabilitada, al permitirse por el art.7.1.d) del R.D. 463/2020 la circulación por las vías de uso público, para el retorno al lugar de residencia habitual.

Los intercambios se tendrán que efectuar en las fechas y horarios que corresponda, conforme a la resolución judicial vigente, respetando las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

En todo caso, deberá garantizarse el derecho de comunicación de los menores con el progenitor con el que no se encuentren conviviendo, vía telefónica o telemática, siendo recomendable pactar un incremento de tal comunicación, muy especialmente en los supuestos de custodia exclusiva, dada la falta de contacto presencial entre los menores y su progenitor no custodio, fomentando los contactos que permitan la visualización del otro progenitor (videollamada a través de Whatsapp, FaceTime, Skype, etc).

Este despacho, recuerda a los progenitores que aunque estamos en momentos difíciles no deben de utilizar a los menores en sus conflictos interparentales.

Resulta evidente que los procesos judiciales de separación o divorcio influyen en la calidad de vida del niño, pero siempre debemos de velar por la protección del interés superior del menor.

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE CARRILES VERDES PARA PROTEGER LA SALUD Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ESENCIALES

A fecha de hoy, 24 de marzo de 2020, se fija la puesta en marcha de los “carriles verdes” en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales.

El brote de COVID-19 tiene un grave impacto en el transporte y la movilidad europeos. En Europa, la cadena de suministro se mantiene gracias a una amplia red de servicios de transporte de mercancías que incluye todos los modos de transporte. Los servicios de carga terrestres, marítimos y aéreos continuos e ininterrumpidos revisten una importancia estratégica fundamental para toda la UE.

Las cadenas de suministro terrestres, en particular por carretera, que actualmente representan el 75 % del transporte de mercancías, se han visto especialmente afectadas por la introducción de prohibiciones de entrada en las fronteras terrestres interiores, o por restricciones a los conductores profesionales que acceden a determinados Estados miembros.

Los tiempos de espera en días recientes, en determinadas fronteras interiores de la UE, superaron las 24 horas, incluso para suministros médicos.

La comunicación de la Comisión Europea insta a los Estados miembros a aplicar íntegramente las directrices para la gestión de las fronteras a todos los transportes de mercancías dentro de la UE e invita a los Estados miembros a aplicar las medidas operativas y organizativas necesarias, en el entendimiento de que estas medidas excepcionales serán temporales mientras dure el confinamiento debido al coronavirus.

Entre las medidas, se establece que todos los vehículos de carga y sus conductores deben ser tratados de forma no discriminatoria, independientemente del origen, el destino o el país de matriculación del vehículo, o de la nacionalidad del conductor.

Los Estados miembros no deben distinguir entre vehículos que transportan mercancías para su uso en su territorio y los que solo transitan por ellos.

La Comisión reconoce que algunos Estados miembros desean dar prioridad a determinados tipos de mercancías en la presente crisis. Sin embargo, dada la compleja naturaleza de las cadenas de suministro y la necesidad de garantizar la libre circulación de todas las mercancías, deben poder utilizar los “carriles verdes” los vehículos que transporten cualquier tipo de mercancías.

En los “carriles verdes”, los procedimientos deben reducirse y simplificarse hasta lo mínimo estrictamente necesario. No debe pedirse a los conductores de vehículos de transporte de mercancías que presenten ningún documento aparte del documento de identidad, el permiso de conducción y, si acaso, una carta de su empleador.

Las presentes recomendaciones se entienden sin perjuicio de la necesidad de respetar las normas específicas en materia de higiene y distanciamiento social, entre otros aspectos, impuestas por las autoridades nacionales en sus respectivos territorios.