NOVEDADES DE LA NUEVA LECRIM

Ya entrando en año nuevo, es tiempo de analizar las nuevas reformas que se avecinan.

 

Una de ellas es sobre nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

El pasado 24 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la actual es de 1882 y ha sufrido 77 reformas. Este anteproyecto se inspira en los anteriores de 2011 y 2013 que no llegaron a buen puerto y que supone una transformación radical de nuestro proceso penal.

 

Resulta bastante curioso la vacatio legis prevista para esta norma, es decir, periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor, se prevé que sea de 6 años.

 

Las novedades más destacables son:

 

  1. Instrucción en manos del Ministerio Fiscal

 

Probablemente uno de los cambios más esenciales que propone este anteproyecto supone que la fase de instrucción en los procesos penales sea asignada al Ministerio Fiscal, a diferencia de como se ha venido haciendo hasta la actualidad, que la misma queda atribuida a los Juzgados de Instrucción.

 

  1. Un “juez de garantías”

 

Fase investigadora: los Jueces de Instrucción pasan a ser “Jueces de Garantías”, cuyo papel se encomienda a la tutela de los derechos de los investigados.

 

Fase intermedia: en esta intervendrán los “Jueces de la Audiencia Preliminar”, tendrán la función de decidir la apertura o no del juicio oral y qué pruebas son válidas y, por el contrario, las que constituyen “prueba ilícita”.

 

 

  1. Función de la Policía Judicial

 

Consecuencia necesaria de la primera novedad, deviene obligado que la Policía Judicial actúe bajo la dirección de Fiscalía, que dictará instrucciones y órdenes particulares y generales antes de que inicie formalmente la investigación. Estas diligencias preliminares solo están justificadas cuando no existe persona identificada como posible responsable.

 

  1. El estatuto del “encausado”

 

En primer lugar, se sustituyen todos los conceptos posibles que identifican a aquella persona sujeta a un proceso penal, sea cual sea sus fases. Tras haber quedado modificado ya en 2015 de “imputado” a “investigado”, ahora se plantea este único término de “encausado”.

 

En segundo lugar, se recogen una serie de derechos al sujeto encausado que fomentan su participación en el proceso para un mejor ejercicio del derecho de defensa.

 

En tercer lugar, queda prohibida la doble condición procesal, es decir, la persona encausada en un procedimiento no puede tener intervención activa en el mismo como parte acusadora.

 

En cuarto lugar, se regula por primera vez una configuración del estatuto jurídico de la persona encausada con discapacidad.

 

En quinto y último lugar, se dedica todo un capítulo a la persona jurídica encausada.

 

  1. Víctima como acusación particular

 

Simplemente es necesario ostentar la condición de persona ofendida o directamente perjudicada para que se admita la personación como acusación particular en la investigación y posteriormente.

 

  1. Sobre la acción popular

 

Ante la preocupación que se presenta por el especial riesgo de instrumentalización del proceso, no podrán ejercer la acusación popular las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos.

 

  1. La denuncia

 

Tres son las medidas concretas:

  1. Se elimina la exención del deber de denunciar en caso de vínculo familiar o afectivo para supuestos delitos cometidos contra bienes personales de menores de edad
  2. Se podrá interponer denuncia también telemáticamente
  3. Se incluye la posibilidad de que pueda ser presentada por el responsable del canal de denuncias (sin que sea necesario identificar a la persona que dio la alarma interna)

 

  1. Nueva medida cautelar

 

Se crea una nueva forma de detención preventiva más leve y alternativa a la clásica detención preventiva, denominada “privación cautelar de libertad”. La misma tiene una duración máxima de 24 horas y como finalidad facilitar la comparecencia del arrestado en aquellas actuaciones procesales que requieran su presencia.

 

  1. La primera comparecencia

 

Esta primera comparecencia se produce en el momento inicial del control de la dilación indebida del procedimiento de investigación. En ella, a la persona encausada se le comunican los cargos.

 

 

  1. En cuanto a procedimientos urgentes

 

Se produce una nueva división de estos:

  • Enjuiciamientos rápidos: será también el «juez de la Audiencia Preliminar» quien señale el juicio en un plazo de 15 días tras comprobar que el fiscal ha hecho una instrucción completa
  • Juicios inmediatos: dirigido a delitos que presentan “baja penalidad” (como, delitos contra la seguridad vial o hurto), los mismos serán señalados en un plazo máximo de 72 horas por el Tribunal de Instancia, en ejercicio de sus funciones de guardia

 

  1. Indemnización de prisión provisional tras sentencia absolutoria

 

Se crea un cauce específico para solicitar esta indemnización, que tiene que ser reclamada expresamente y que puede solicitarse ante los órganos de la jurisdicción penal, una vez haya adquirido firmeza el pronunciamiento absolutorio.

 

 

  1. Renovación de las herramientas de investigación

Se modernizan las herramientas y técnicas de investigación contra la criminalidad, adaptándonos así a los nuevos recursos.

 

  1. Una nueva comisión

 

Se produce la creación de una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional, la cual se encargará de velar que los órganos jurisdiccionales y las fiscalías cuenten con los medios oportunos para la utilización de las medidas cautelares menos gravosas respecto de la prisión provisional.

 

  1. Cargos públicos

 

Se prevé el cese automático del ejercicio del cargo público que representen aquellos investigados por delitos de rebelión y terrorismo.

 

Sobre esta reforma hay disparidad de opiniones ¿estamos preparados para esta reforma? No es una reforma cualquiera, sino sustancial, supone cambiar las “entrañas” del proceso penal.

 

Se supone que esta reforma, tiene la finalidad de agilizar el proceso y potenciar el derecho de defensa, potenciando la figura de los fiscales, todo ello en armonización con el Derecho de Unión Europea.

 

Esperaremos a ver qué pasa.

PRESCRIPCIÓN DEL PLAZO PARA RECLAMAR LOS GASTOS HIPOTECARIOS

 

Para este despacho nunca ha existido tal prescripción como diremos a continuación, sin embargo, la jurisprudencia actual no opina lo mismo.

De conformidad con la Ley de Condiciones Generales para la Contratación, en su artículo 8 que se remite al actual Texto refundido de la Ley General  para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias,  RDL 1/2007 de 16 de julio, junto con el artículo 1303 CC, y todo ello en relación con la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal y del propio tribunal de la unión Europea: “quod nullum est nullum effectum producit”, procede reclamar la devolución entre las partes de las prestaciones surgidas de la aplicación de la cláusula nula y por tanto la restitución al consumidor, por parte de la entidad, de aquellas cantidades cobradas indebidamente en virtud de la cláusula declarada nula, esto es, consecuencias económicas restitutorias inherentes a la nulidad.

No obstante, aunque este despacho no está de acuerdo con las valoraciones que está realizando la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante, analizaremos lo que entiende el tribunal.

Se basa principalmente, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 20/01/2020.

En conclusión,

1º.- Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley (esta reforma la produjo la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que en su disposición final primera, modificó el artículo 1964 del Código Civil, reduciendo el plazo general de prescripción para el ejercicio de acciones personales que existía desde 1889, y redujo notablemente el plazo general de prescripción extintiva de deudas.)

 

2º.- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el PLAZO DE 15 AÑOS previsto en la redacción original del art. 1964 Código Civil.

 

3º.- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 Código Civil, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

 

4º.- Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo PLAZO DE 5 AÑOS, conforme a la vigente redacción del art. 1964 Código Civil.»

 

Lo que ocurre es que la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID-19 se suspendieron los plazos de prescripción y caducidad hasta que fueron alzados el 4 de junio de 2020. Esto ha provocado que el PLAZO DE PRESCRIPCIÓN que finalizaba el 7 de octubre de 2020 se amplía hasta el 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

 

Recomendamos que se inicie reclamaciones extrajudiciales para interrumpir el plazo de prescripción.

 

La verdad es que no se entiende como nuestra Audiencia quien desde inicio destacaba por ser pionera en sus interpretaciones favorables a los consumidores, en la actualidad los abogados de bancario debemos de ir con “mil ojos” porque cambia de criterio en detrimento del consumidor.

 

Pero si no es suficiente tejemaneje con el tema de la prescripción, recientemente el Ministerio de Consumo, se pronuncia sobre la prescripción.

 

Según el Ministerio de Consumo, que dio a conocer una nota informativa a través de redes sociales el pasado 5 de diciembre, el plazo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios derivados de una cláusula declarada abusiva es de 5 años.

 

Pero según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este periodo no podría iniciar hasta que el consumidor afectado pudiese tener conocimiento del carácter abusivo de dicha cláusula.

 

Pues bien, este organismo entiende que se pudo tener conocimiento del posible carácter abusivo de la cláusula gastos desde el momento en que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 23 de diciembre de 2015, pero publicada el 21 de enero de 2016. Por lo tanto, el periodo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios finaliza el 21 de enero de 2021.

 

Sin embargo, ante la ausencia de un pronunciamiento por parte de esa misma Sala, ha tenido lugar unas muy diferentes interpretaciones sobre este plazo de prescripción, creando disparidad de opiniones tanto en Juzgados como en Audiencias de todo nuestro territorio.

 

 

En la práctica, nos encontramos seis posturas diferentes e incompatibles entre sí sobre el plazo para el ejercicio de las acciones tendentes a la recuperación de los gastos hipotecarios.

 

  1. Imprescriptible: por ser la consecuencia inherente a la acción de nulidad, no se encuentra sometida a plazo alguno. Por lo tanto, no prescribiría nunca.

 

  1. 5 años desde la declaración de nulidad de la clausula de gastos de nuestra hipoteca: pero la practica jurídica habitual nos muestra que suelen ser solicitadas de manera conjunta

 

  1. 5 años desde la STS de 23 de enero de 2019: se entiende que el cliente ya tiene conocimiento de los gastos que legalmente le correspondían. Este plazo terminaría el 23 de enero de 2024 (sin tener en cuenta los plazos interrumpidos por el estado de alarma).

 

  1. 4 años desde la firma de la hipoteca: una minoría considera aplicable el plazo de anulabilidad (art. 1.301 CC).

 

  1. 15 años desde la suscripción del préstamo o 5 años tras la modificación operada por la Ley 42/2015, que acorta el plazo de las acciones personales.

 

  1. 5 años desde la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015.

 

 

También se pronuncia, al respecto el presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, Eugenio Ribón, afirma que “no puede finalmente ignorarse que no es hasta la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 cuando se corrige la doctrina del Tribunal Supremo sobre los efectos de la nulidad”.

 

Introduciendo así una séptima postura, se trata de que el plazo de 5 años expiraría entonces el 26 de octubre de 2025, contado a partir de la STS de 26 de octubre de 2020, en la que modifica su criterio anterior.

 

 

Podemos cerrar este año con la reflexión, ha sido un año con numerosos cambios legislativos motivados por la pandemia, pero nada ha ayudado las interpretaciones de nuestros tribunales más representativos, quienes entre todos crean una vez más inseguridad jurídica a los consumidores. Este año precisamente no era un año para crear nuevas interpretaciones al respecto, ya tenían bastante los ciudadanos con la situación actual pandémica.

 

SE PUEDEN SUSPENDER LAS EXPULSIONES DE EXTRANJERÍA

 

Con fecha 25 de julio de 2019 el TSJ Castilla-La Mancha planteó al TJUE (asunto C-568/19) una cuestión prejudicial, que fue resuelta en sentencia con fecha 8 de octubre del presente, cuya parte dispositiva dispone:

«La Directiva 2008/115/CE (…) debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes

 

Pues bien, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Madrid dictó sentencia desestimando el recurso de apelación deducido frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, que desestima el procedimiento abreviado interpuesto frente a la resolución de la Delegada del Gobierno en Madrid, en virtud de la cual se acuerda la expulsión de D. Oliveiro del territorio nacional, con prohibición de entrada por periodos de dos años, como responsable de la infracción basada en la estancia irregular.

Por lo que, en consecuencia a esta resolución por parte del Tribunal de Luxemburgo, tras el correspondiente escrito de preparación de un recurso de casación frente a la desestimación del recurso de apelación anterior, cumpliendo este todas las exigencias formales del artículo 89.2 LJCA, nuestro TS ha admitido a trámite este recurso de casación.

Todo ello, concretamente la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha llevado a plantear como cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea textualmente:

“Si, conforme la interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020 -asunto C- 568/19- a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en la conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero o sí, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular.” 

La cuestión litigiosa viene a significar que si nos hallamos ante un extranjero que se encuentra en situación irregular en nuestro territorio cuando no concurran circunstancias agravantes adicionales, la sanción que procede imponer de manera preferente es la multa de 501 a 10.000 € prevista para esta conducta tipificada como grave, o bien la expulsión del territorio español, teniendo en cuenta la resolución del 8 de octubre de 2020 del TJUE (la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes).

El planteamiento de una cuestión prejudicial de nuestra Gran Sala ante el Tribunal de Luxemburgo puede conllevar la suspensión de ciertos trámites relativos a extranjeros en situación irregular por considerar que precisamente se pretende evitar pronunciamientos que resulten contradictorios a la jurisprudencia que emane del TJUE derivada de esta cuestión prejudicial.

Así se está haciendo desde este despacho.

Resulta una buena noticia que estos extranjeros vean suspendidos sus procesos, puesto que su continuación podría suponer un pronunciamiento contradictorio al que resultaría de la prejudicialidad pendiente de resolución por el TJUE.

Máxime, cuando en estos procedimientos lamentablemente se da la circunstancia de expulsión.

Será esta Sala la encargada de determinar si resulta a imponer principalmente una u otra sanción, excluyentes entre sí, cuando además no concurre ninguna circunstancia que agrave la situación de irregularidad (como, por ejemplo, antecedentes penales).

Entendemos que el fallo de la Sala, a raíz de su jurisprudencia en torno a esta cuestión, será en el sentido de confirmar que tiene que prevalecer el principio de proporcionalidad a la hora de establecer una u otra, teniendo en cuenta la especial gravedad que supone la sanción de expulsión del territorio español (añadiendo como medida accesoria la prohibición de entrada no solo en España, sino también en todo el espacio Schengen, que supone la mayoría de los países que forman parte del continente europeo) frente a la sanción de multa administrativa de entre 501 a 10.000€.

NOVEDADES SOBRE LA DEDUCCIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

 

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa nº 35123/2019, de 18 de diciembre viene a cambiar el panorama hasta entonces conocido con respecto de la deducción del IRPF en los casos en que tras la ruptura de pareja o de matrimonio, la vivienda habitual sigue teniendo la carga de un préstamo hipotecario y ambos son cotitulares del préstamo.

Normalmente en la práctica, uno de los cotitulares del préstamo es quien asume en su integridad el pago mensual del préstamo hipotecario, bien por razones económicas de uno de los cotitulares o simplemente por conflicto personal entre los mismos.

La cuestión es que, hasta este momento, cualquier de los dos cotitulares del préstamo podía deducirse en su declaración de la renta el abono de dicho préstamo, a pesar de que uno de ellos se encargara del abono íntegro de la cuota y por ende el otro no abonara absolutamente nada.

En estos casos, cuando una relación de pareja finaliza, es recomendable realizar el oportuno reparto de los bienes y del pasivo existente, ya sea si existe sociedad económica matrimonial como si se trata de una pareja de hecho, o simplemente una relación de noviazgo.

En ese momento, si existe préstamo hipotecario, se recomienda realizar el trámite de extinción de condominio, sin embargo, en ocasiones dicho trámite no se realiza ni tampoco se adjudica la propiedad a una de las partes, pues únicamente el uso de la vivienda a una de las partes.

Cabe asimismo resaltar que, en el caso de impago de estas cuotas, el prestamista pueda ejercitar su reclamación contra cualquiera de los prestatarios, es decir, cualquiera de los dos cónyuges, con independencia de quien venía haciéndolo habitualmente, puesto que estamos en presencia de una obligación de carácter solidario, así como obviamente cualquiera de los cotitulares que asuma el pago íntegro del préstamo puede reclamarle al otro el 50% del abono del préstamo.

En cuanto al caso en concreto, de esta sentencia que cambia los criterios, a mi juicio de forma correcta pues se adecúa a la realidad, es quien abona la hipoteca en su totalidad es quien tiene derecho a deducirse el préstamo hipotecario en la declaración de la renta, también en su integridad. Nada de como hasta ahora del derecho a deducirse el 50% cada cotitular del préstamo, independientemente de quien haya realizado el abono.

El asunto se centra en que mientras es el exmarido quien aparece como titular de la hipoteca, de facto es la exesposa quien viene realizando el pago de estas cuotas, ya que una vez ha sido disuelto el proindiviso, ella aparece como única propietaria.

Considera el tribunal que al quedar suficientemente acreditado que es ella la que se hace cargo íntegramente del préstamo hipotecario (se aporta como documentación: transferencias a la cuenta común, movimientos que reflejan el cobro del préstamo y un escrito firmado por el exesposo manifestando que no se hace cargo del pago del préstamo), la misma tiene derecho a practicar en su declaración de IRPF la deducción por adquisición de vivienda habitual al 100%.

SOBRE EL BROTE DE HEPATITIS A.

Este despacho ha llevado uno de los nombrados casos Tagliatella. En concreto, sobre uno de los locales, sito en Finestrat (Alicante), de la franquicia de restaurantes La Tagliatella.

Más de una treintena de afectados por Hepatitis A.

Muchos de ellos hospitalizados y con la consecuente incapacidad temporal.

Para situarnos en el contexto de los hechos, sobre la Hepatitis A, manifestar que se contagia por comer o beber alimentos o agua que han sido contaminados por heces que contengan el virus de la Hepatitis A.

Las frutas sin pelar, las verduras y los mariscos crudos, el hielo y el agua son fuentes comunes del virus de la enfermedad.

Seguridad Alimentaria de Benidorm intervino en ese momento abriendo un expediente administrativo, cerrando el local y marcando pautas a la empresa hasta que permitió la apertura de nuevo. Muchos de los afectados, se personaron como interesados en dicho expediente.

Los casos surgieron en octubre de 2018 y tras una analítica de los afectados se demostró que todos tenían la misma cepa del virus, además que todos ellos comieron en dicho restaurante.

El período de incubación máximo era de 50 días, aunque normalmente a los 28 días ya sentían síntomas.

Los síntomas más comunes eran: dolor o distensión en la zona abdominal, orina turbia y deposiciones de color arcilla o pálidas, fatiga,fiebre baja, coloración amarillenta de la piel o los ojos, falta de apetito, náuseas y vómitos.

Tras toda la labor de investigación, recopilación de pruebas e incluso personación en el expediente de Seguridad Alimentaria, decidimos reclamar extrajudicialmente.

Después de dicha actuación extrajudicial, como la misma fue rehusada, nos vimos obligados a interponer demanda de reclamación de cantidad, solicitando al cliente la indemnización correspondiente, que gracias a nuestro perito médico pudimos cuantificar.

La vista por el Estado de Alarma, lamentablemente se suspendió, pero hace una semana escasa cuando de nuevo se señaló fecha de juicio, a puertas de entrar a sala, la demandada quiso llegar a un acuerdo.

Llegamos a un acuerdo muy satisfactorio para el cliente.

Uno de los pocos que ha recibido indemnización, pues en la mayoría de supuestos la demandada ha decidido continuar hasta el final e incluso llegar hasta la audiencia provincial para dilatar el proceso.

Como siempre decimos, mejor un acuerdo que un buen pleito.

Siempre hay que velar por los intereses del cliente.

Al final todo pasa por algo, pues del mencionado restaurante hace escasos días se informaba en prensa, que sufría grandes pérdidas avecinándose un posible cierre. Esto puede provocar una insolvencia que perjudicaría al cliente sino se hubiera llegado a un acuerdo.

ESTAS VACACIONES SON DIFERENTES

 

Nos ha tocado vivir una época diferente, quien nos iba a decir que viviríamos una pandemia.

Ahora muchos cogeremos vacaciones, por ello tenemos que ser conscientes de las consecuencias que nos ha dejado el virus y que cuestiones debemos tener en cuenta para disfrutar las vacaciones como se merecen.

La mayoría de las personas han optado por disfrutar las vacaciones en el territorio nacional, otros se han lanzado a viajar fuera.

Ya no estamos en estado de alarma, pero debido a los rebrotes, se está implementando el confinamiento selectivo.

Ante todo, sigamos las instrucciones de Sanidad sobre higiene y distancia social, pero también disfrutemos con conciencia y responsabilidad, vienen tiempos duros y es totalmente entendible que nos demos un respiro.

Como consejo, si optamos por realizar reservas en estos tiempos, como el cambio de circunstancias puede ser muy breve y nos podemos ver abocados a confinamientos selectivos, recomendamos que no se realicen reservas con penalizaciones y, a ser posible, se abonen los servicios cuando se vayan a disfrutar pues desconocemos que va ocurrir en las próximas semanas.

Si lamentablemente nos vemos abocados a una reserva fallida motivada por la pandemia, y no restituyen el importe, recordemos que nos puede ayudar la cláusula “rebus sic stantibus.”

Advertimos desde este despacho que, en la mayoría de los seguros ofrecidos en los viajes, se excluye la cobertura por el COVID, por lo que a pesar de su contratación no estarían cubiertos este tipo de viajes.

Igualmente, es importante informar a los consumidores que tendrán derecho a la devolución del importe íntegro de los servicios contratados que no hayan podido disfrutar, ello en virtud del artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020:

«si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento».

 

Si optamos por utilizar el medio de transporte aéreo, éste es el que más riesgo de cancelación tiene pues es el que recorre más distancia. Parece que está todo controlado, ya que la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias manifiesta que ante la cancelación de vuelos con motivo de la expansión del coronavirus Covid-19 las compañías aéreas tienen la obligación de ofrecer un transporte alternativo o la devolución del importe de los billetes.

En caso de optar por el reembolso, el mismo se deberá realizar en el plazo de 7 días.

 

No obstante, si el consumidor se halla inmerso en restricciones de movilidad por confinamientos y éstas se producen durante su estancia de vacaciones, el consumidor tiene dos posibilidades, por un lado, los que no puedan volver a su domicilio, tienen derecho a recuperar el dinero de los alojamientos etc., de los días que no hayan podido disfrutar por resultar imposible el cumplimiento del contrato a causa de las medidas aprobadas para combatir la pandemia; y por otro lado, los que lamentablemente no puedan volver a su domicilio, la Administración deberá hacerse cargo de su manutención y hospedaje mientras se vean impedidos poder retornar a sus domicilios.