ESTAS VACACIONES SON DIFERENTES

 

Nos ha tocado vivir una época diferente, quien nos iba a decir que viviríamos una pandemia.

Ahora muchos cogeremos vacaciones, por ello tenemos que ser conscientes de las consecuencias que nos ha dejado el virus y que cuestiones debemos tener en cuenta para disfrutar las vacaciones como se merecen.

La mayoría de las personas han optado por disfrutar las vacaciones en el territorio nacional, otros se han lanzado a viajar fuera.

Ya no estamos en estado de alarma, pero debido a los rebrotes, se está implementando el confinamiento selectivo.

Ante todo, sigamos las instrucciones de Sanidad sobre higiene y distancia social, pero también disfrutemos con conciencia y responsabilidad, vienen tiempos duros y es totalmente entendible que nos demos un respiro.

Como consejo, si optamos por realizar reservas en estos tiempos, como el cambio de circunstancias puede ser muy breve y nos podemos ver abocados a confinamientos selectivos, recomendamos que no se realicen reservas con penalizaciones y, a ser posible, se abonen los servicios cuando se vayan a disfrutar pues desconocemos que va ocurrir en las próximas semanas.

Si lamentablemente nos vemos abocados a una reserva fallida motivada por la pandemia, y no restituyen el importe, recordemos que nos puede ayudar la cláusula “rebus sic stantibus.”

Advertimos desde este despacho que, en la mayoría de los seguros ofrecidos en los viajes, se excluye la cobertura por el COVID, por lo que a pesar de su contratación no estarían cubiertos este tipo de viajes.

Igualmente, es importante informar a los consumidores que tendrán derecho a la devolución del importe íntegro de los servicios contratados que no hayan podido disfrutar, ello en virtud del artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020:

«si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento».

 

Si optamos por utilizar el medio de transporte aéreo, éste es el que más riesgo de cancelación tiene pues es el que recorre más distancia. Parece que está todo controlado, ya que la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias manifiesta que ante la cancelación de vuelos con motivo de la expansión del coronavirus Covid-19 las compañías aéreas tienen la obligación de ofrecer un transporte alternativo o la devolución del importe de los billetes.

En caso de optar por el reembolso, el mismo se deberá realizar en el plazo de 7 días.

 

No obstante, si el consumidor se halla inmerso en restricciones de movilidad por confinamientos y éstas se producen durante su estancia de vacaciones, el consumidor tiene dos posibilidades, por un lado, los que no puedan volver a su domicilio, tienen derecho a recuperar el dinero de los alojamientos etc., de los días que no hayan podido disfrutar por resultar imposible el cumplimiento del contrato a causa de las medidas aprobadas para combatir la pandemia; y por otro lado, los que lamentablemente no puedan volver a su domicilio, la Administración deberá hacerse cargo de su manutención y hospedaje mientras se vean impedidos poder retornar a sus domicilios.

 

SILENCIO POSITIVO PARA LOS ERTE POR EL COVID-19 PRESENTADOS POR LA AUTORIDAD LABORAL, SEGÚN LA AUDIENCIA NACIONAL.

 

 

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional avala la aplicación de la regla del silencio positivo a los ERTE por Covid-19 solicitados a la autoridad laboral.

El fallo de la Audiencia Nacional da la razón a una empresa de la actividad de centros de educación infantil. Esta solicitó a la autoridad laboral la tramitación de ERTE por causa de fuerza mayor como consecuencia del Covid-19, a lo que se opuso Comisiones Obreras ya que la suspensión no operaba de forma automática, sino que debía someterse a la consideración del órgano de contratación de la Administración. Además, alegó que en el caso concreto no se había justificado la causa de fuerza mayor.

La Audiencia Nacional aclara que no se está impugnando propiamente la resolución administrativa que declaró constatada la existencia de fuerza mayor alegada por la empresa, ni tampoco la precedente aprobación del ERTE por fuerza mayor por silencio administrativo, sino la decisión empresarial de suspensión temporal de los contratos. Por ello, explica, resulta adecuado el procedimiento de conflicto colectivo.

La sentencia aborda la queja que formula el sindicato. Este sostiene que la resolución presunta, estimatoria de la solicitud de la empresa, deviene injustificada al no haberse constatado en la vía administrativa la concurrencia de causa de fuerza mayor.

Según la Audiencia Nacional, ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral. Esta laguna obliga a acudir al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que como regla general, tiene carácter positivo.

Los magistrados de la Audiencia Nacional concluyen que, en este caso debe entenderse aprobada la solicitud de la empresa por silencio administrativo positivo. La Audiencia Nacional recuerda, no obstante, que posteriormente recayó resolución expresa autorizando el ERTE por fuerza mayor cuestionada.

Si existen pérdidas de actividad como consecuencia del Covid-19, existe causa justificativa de la suspensión de los contratos de trabajo, y fuerza mayor surte efectos a partir del momento en que se haya producido el hecho causante, en el caso en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y durante el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente en estado de alarma declarado por el Gobierno y sus sucesivas prórrogas.

Además, la Audiencia aporta un argumento más, y es que los ayuntamientos, en los que la empresa prestaba sus servicios, acordaron expresamente la suspensión del servicio de escuela infantil municipal.

Cuando la autoridad laboral constata la existencia de fuerza mayor alegada por la empresa, por estar ante uno de supuestos de hecho previstos en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,   pérdidas económicas en la actividad, como consecuencia del Covid-19,  concurre causa justificativa de la suspensión de relaciones laborales y no impugnada la resolución administrativa que acuerda el ERTE, concluye el tribunal. En consecuencia, no resulta procedente estimar la demanda en la que el sindicato pretende que se declara nula la decisión empresarial de suspensión de los contratos de trabajo.