EUTANASIA

El pasado 17 de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría, el proyecto de una ley orgánica reguladora de la eutanasia, que convierte el “derecho a morir” en una “prestación” del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Cuanto menos, se trata de un texto bastante controvertido, tanto por su contenido, como por el momento, considerado inoportuno y en muy poco tiempo. Ahora, continúa su tramitación en el Senado, que se prevé que ya no volverá al Congreso, puesto que en su articulado ya hay incorporadas enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios. Si esto es así, tras pasar el examen en el Senado, se publicaría directamente en el BOE, con una entrada en vigor de tres meses después tras su publicación.

Así las cosas, España se convertiría en el sexto país del mundo y cuarto de Europa en legalizar la eutanasia, pero será la menos restrictiva de todas ellas. De hecho, el resto de los países europeos (Luxemburgo, Bélgica y Holanda), aparte de contar con una prestación de ayuda a morir, cuentan también con un acceso universal a los cuidados paliativos, a diferencia de nuestro país. Se entiende que sin este acceso universal a los cuidados paliativos para el paciente no hay ni posibilidad de elección ni libertad, puesto que solo se ofrece la eutanasia.

Queda configurada esta “prestación de ayuda a morir” de la siguiente manera:

  • El sistema prevé dos modalidades, la eutanasia y el suicidio asistido, junto a Bélgica y Holanda. En el resto de países que cuentan con esta legislación tienen legalizada una u otra modalidad. O lo que es lo mismo, bien mediante la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario, o bien mediante la prescripción o suministro de una sustancia, de manera que el paciente se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte.
  • En cuanto a los requisitos, toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada, encontrándose en cualquiera de los supuestos previstos. En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades, será el médico el que podrá presentar la solicitud de eutanasia a través «del testamento vital o de un documento equivalente legalmente» suscrito por el enfermo con anterioridad.
  • El texto exige haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas
  • Se establecen los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando su financiación pública
  • También se reconoce la objeción de conciencia del personal sanitario, que debe manifestarse previamente y por escrito. Para ello, se crea un registro que aquellos profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda a morir.
  • Será posible su aplicación tanto a enfermos terminales o incurables, como personas que sufren un padecimiento crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerables, es decir, también personas con discapacidad o una enfermedad psiquiátrica. Aunque todos estos términos vienen definidos por el propio texto normativo.
  • Se ordena la creación de comisiones de Garantía y Evaluación en todas las comunidades y ciudades autónomas. Contempla plazos especialmente cortos que pretenden agilizar el proceso, en total un máximo de 32 días.
  • Asimismo, se podrá realizar en centros privados y en el domicilio, entendido como residencias y centros sociosanitarios en caso de que la persona lleve ingresada de manera continuada.
  • Una de las estipulaciones quizás más significativas es que tendrá en todo caso la consideración de muerte natural
  • Como consecuencia necesaria, se modifica el artículo 143 del Código Penal, con el objeto de despenalizar las conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por la nueva ley.

Como conclusión, se trata de una legislación bastante novedosa y cuanto menos polémica. Lo prudente ahora es esperar a ver si finalmente es publicada y entra en vigor tres meses más tarde, pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

EL TJUE Y EL IRPH

 

Los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros (IRPH).  Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia que marcará el camino de una ola de reclamaciones contra la banca.

Como detalla el TJUE, si el juez español llegara a la conclusión de que dichas cláusulas son abusivas, podrán sustituirlas por un índice legal aplicable de manera supletoria para proteger a los consumidores en cuestión de las consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la anulación del contrato de préstamo.

¿Qué es el IRPH?

El IRPH un índice legal que promedia los intereses de los préstamos hipotecarios de más de tres años. Se obtiene mediante la media de los tipos, más diferencial aplicados en los créditos firmados por bancos y cajas con sus clientes durante los últimos tres meses. Cómo los diferenciales subieron con la bajada del euríbor, los hipotecados con IRPH vieron incrementar sus mensualidades.

¿Cuántas hipotecas españolas se rigen por él?

Según asociaciones de los consumidores, hay aún un millón de familias con préstamos así, en su mayoría constituidos entre los años 2005 y 2009.

¿Por qué comenzaron las demandas?

El IRPH es una fórmula de cálculo compleja y poco transparente para el consumidor medio, se presentaba en los bancos como el índice que más les favorecía por tratarse de un valor «estable».

Pero siempre fue más caro que el euríbor y cuando éste empezó su descenso a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo en el 2%.

Los afectados se asociaron y llevaron su caso ante los tribunales. Varios jueces les dieron la razón. Dijeron que el IRPH era poco transparente y abusivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo español consideró que un hipotecado “atento y perspicaz” habría sabido cuál era el efecto. El voto particular de dos magistrados en contra del fallo abrió la puerta de los afectados a Europa.

¿Cómo afecta la sentencia de la Justicia europea a quien tenga una hipoteca con IRPH?

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las hipotecas referenciadas al IRPH ha dejado una sensación agridulce en los consumidores financieros que reclamaban que su entidad financiera había incluido este índice en su préstamo de forma abusiva.

La Justicia europea insta a los jueces españoles a revisar caso por caso y, en caso de determinar que efectivamente se comercializó sin la transparencia adecuada, se pueda sustituir ese índice por otro como el Euribor en lugar de declarar la nulidad del préstamo.

Esto abre la puerta a una enorme litigiosidad, el cual una vez más debemos de esperar a la jurisprudencia española quien perfilará esta sentencia del TJUE.