NOVEDADES DE LA NUEVA LECRIM

Ya entrando en año nuevo, es tiempo de analizar las nuevas reformas que se avecinan.

 

Una de ellas es sobre nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

El pasado 24 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la actual es de 1882 y ha sufrido 77 reformas. Este anteproyecto se inspira en los anteriores de 2011 y 2013 que no llegaron a buen puerto y que supone una transformación radical de nuestro proceso penal.

 

Resulta bastante curioso la vacatio legis prevista para esta norma, es decir, periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor, se prevé que sea de 6 años.

 

Las novedades más destacables son:

 

  1. Instrucción en manos del Ministerio Fiscal

 

Probablemente uno de los cambios más esenciales que propone este anteproyecto supone que la fase de instrucción en los procesos penales sea asignada al Ministerio Fiscal, a diferencia de como se ha venido haciendo hasta la actualidad, que la misma queda atribuida a los Juzgados de Instrucción.

 

  1. Un “juez de garantías”

 

Fase investigadora: los Jueces de Instrucción pasan a ser “Jueces de Garantías”, cuyo papel se encomienda a la tutela de los derechos de los investigados.

 

Fase intermedia: en esta intervendrán los “Jueces de la Audiencia Preliminar”, tendrán la función de decidir la apertura o no del juicio oral y qué pruebas son válidas y, por el contrario, las que constituyen “prueba ilícita”.

 

 

  1. Función de la Policía Judicial

 

Consecuencia necesaria de la primera novedad, deviene obligado que la Policía Judicial actúe bajo la dirección de Fiscalía, que dictará instrucciones y órdenes particulares y generales antes de que inicie formalmente la investigación. Estas diligencias preliminares solo están justificadas cuando no existe persona identificada como posible responsable.

 

  1. El estatuto del “encausado”

 

En primer lugar, se sustituyen todos los conceptos posibles que identifican a aquella persona sujeta a un proceso penal, sea cual sea sus fases. Tras haber quedado modificado ya en 2015 de “imputado” a “investigado”, ahora se plantea este único término de “encausado”.

 

En segundo lugar, se recogen una serie de derechos al sujeto encausado que fomentan su participación en el proceso para un mejor ejercicio del derecho de defensa.

 

En tercer lugar, queda prohibida la doble condición procesal, es decir, la persona encausada en un procedimiento no puede tener intervención activa en el mismo como parte acusadora.

 

En cuarto lugar, se regula por primera vez una configuración del estatuto jurídico de la persona encausada con discapacidad.

 

En quinto y último lugar, se dedica todo un capítulo a la persona jurídica encausada.

 

  1. Víctima como acusación particular

 

Simplemente es necesario ostentar la condición de persona ofendida o directamente perjudicada para que se admita la personación como acusación particular en la investigación y posteriormente.

 

  1. Sobre la acción popular

 

Ante la preocupación que se presenta por el especial riesgo de instrumentalización del proceso, no podrán ejercer la acusación popular las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos.

 

  1. La denuncia

 

Tres son las medidas concretas:

  1. Se elimina la exención del deber de denunciar en caso de vínculo familiar o afectivo para supuestos delitos cometidos contra bienes personales de menores de edad
  2. Se podrá interponer denuncia también telemáticamente
  3. Se incluye la posibilidad de que pueda ser presentada por el responsable del canal de denuncias (sin que sea necesario identificar a la persona que dio la alarma interna)

 

  1. Nueva medida cautelar

 

Se crea una nueva forma de detención preventiva más leve y alternativa a la clásica detención preventiva, denominada “privación cautelar de libertad”. La misma tiene una duración máxima de 24 horas y como finalidad facilitar la comparecencia del arrestado en aquellas actuaciones procesales que requieran su presencia.

 

  1. La primera comparecencia

 

Esta primera comparecencia se produce en el momento inicial del control de la dilación indebida del procedimiento de investigación. En ella, a la persona encausada se le comunican los cargos.

 

 

  1. En cuanto a procedimientos urgentes

 

Se produce una nueva división de estos:

  • Enjuiciamientos rápidos: será también el «juez de la Audiencia Preliminar» quien señale el juicio en un plazo de 15 días tras comprobar que el fiscal ha hecho una instrucción completa
  • Juicios inmediatos: dirigido a delitos que presentan “baja penalidad” (como, delitos contra la seguridad vial o hurto), los mismos serán señalados en un plazo máximo de 72 horas por el Tribunal de Instancia, en ejercicio de sus funciones de guardia

 

  1. Indemnización de prisión provisional tras sentencia absolutoria

 

Se crea un cauce específico para solicitar esta indemnización, que tiene que ser reclamada expresamente y que puede solicitarse ante los órganos de la jurisdicción penal, una vez haya adquirido firmeza el pronunciamiento absolutorio.

 

 

  1. Renovación de las herramientas de investigación

Se modernizan las herramientas y técnicas de investigación contra la criminalidad, adaptándonos así a los nuevos recursos.

 

  1. Una nueva comisión

 

Se produce la creación de una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional, la cual se encargará de velar que los órganos jurisdiccionales y las fiscalías cuenten con los medios oportunos para la utilización de las medidas cautelares menos gravosas respecto de la prisión provisional.

 

  1. Cargos públicos

 

Se prevé el cese automático del ejercicio del cargo público que representen aquellos investigados por delitos de rebelión y terrorismo.

 

Sobre esta reforma hay disparidad de opiniones ¿estamos preparados para esta reforma? No es una reforma cualquiera, sino sustancial, supone cambiar las “entrañas” del proceso penal.

 

Se supone que esta reforma, tiene la finalidad de agilizar el proceso y potenciar el derecho de defensa, potenciando la figura de los fiscales, todo ello en armonización con el Derecho de Unión Europea.

 

Esperaremos a ver qué pasa.

NOVEDADES SOBRE LA DEDUCCIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

 

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa nº 35123/2019, de 18 de diciembre viene a cambiar el panorama hasta entonces conocido con respecto de la deducción del IRPF en los casos en que tras la ruptura de pareja o de matrimonio, la vivienda habitual sigue teniendo la carga de un préstamo hipotecario y ambos son cotitulares del préstamo.

Normalmente en la práctica, uno de los cotitulares del préstamo es quien asume en su integridad el pago mensual del préstamo hipotecario, bien por razones económicas de uno de los cotitulares o simplemente por conflicto personal entre los mismos.

La cuestión es que, hasta este momento, cualquier de los dos cotitulares del préstamo podía deducirse en su declaración de la renta el abono de dicho préstamo, a pesar de que uno de ellos se encargara del abono íntegro de la cuota y por ende el otro no abonara absolutamente nada.

En estos casos, cuando una relación de pareja finaliza, es recomendable realizar el oportuno reparto de los bienes y del pasivo existente, ya sea si existe sociedad económica matrimonial como si se trata de una pareja de hecho, o simplemente una relación de noviazgo.

En ese momento, si existe préstamo hipotecario, se recomienda realizar el trámite de extinción de condominio, sin embargo, en ocasiones dicho trámite no se realiza ni tampoco se adjudica la propiedad a una de las partes, pues únicamente el uso de la vivienda a una de las partes.

Cabe asimismo resaltar que, en el caso de impago de estas cuotas, el prestamista pueda ejercitar su reclamación contra cualquiera de los prestatarios, es decir, cualquiera de los dos cónyuges, con independencia de quien venía haciéndolo habitualmente, puesto que estamos en presencia de una obligación de carácter solidario, así como obviamente cualquiera de los cotitulares que asuma el pago íntegro del préstamo puede reclamarle al otro el 50% del abono del préstamo.

En cuanto al caso en concreto, de esta sentencia que cambia los criterios, a mi juicio de forma correcta pues se adecúa a la realidad, es quien abona la hipoteca en su totalidad es quien tiene derecho a deducirse el préstamo hipotecario en la declaración de la renta, también en su integridad. Nada de como hasta ahora del derecho a deducirse el 50% cada cotitular del préstamo, independientemente de quien haya realizado el abono.

El asunto se centra en que mientras es el exmarido quien aparece como titular de la hipoteca, de facto es la exesposa quien viene realizando el pago de estas cuotas, ya que una vez ha sido disuelto el proindiviso, ella aparece como única propietaria.

Considera el tribunal que al quedar suficientemente acreditado que es ella la que se hace cargo íntegramente del préstamo hipotecario (se aporta como documentación: transferencias a la cuenta común, movimientos que reflejan el cobro del préstamo y un escrito firmado por el exesposo manifestando que no se hace cargo del pago del préstamo), la misma tiene derecho a practicar en su declaración de IRPF la deducción por adquisición de vivienda habitual al 100%.